Las pérdidas y el desperdicio de alimentos tienen su origen en la ineficiencia de los sistemas alimentarios y en la falta de concienciación social. Según la FAO, entre las fases de la postcosecha y la venta minorista se pierde hasta el 14 % de la cantidad de alimentos que se producen en todo el mundo.

Pero no solo se desperdician los alimentos en sí mismos, sino también los recursos empleados para producirlos, tanto las materias primas como los recursos humanos, técnicos y económicos.

Además, este fenómeno conlleva importantes consecuencias ambientales, ya que los alimentos desperdiciados generan una elevada huella hídrica y carbónica. En conjunto, el desperdicio de alimento es responsable de la cuarta parte de las emisiones totales del sistema agroalimentario, lo que representa en torno a una tonelada de CO2e per cápita al año.

Por tanto, la pérdida y el desperdicio alimentario suponen un problema en términos sociales, de protección ambiental y de crecimiento económico que han de afrontar los diferentes organismos y entidades públicas, tanto nacionales como internacionales.

En nuestro país la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, da respuesta a la necesidad de solventar ese problema estableciendo actuaciones que implican tanto a los agentes de la cadena alimentaria como a la propia administración.

Entre estas actuaciones, se encuentra la obligatoriedad de disponer de un “Plan para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario” que contemple la forma en que aplicará la jerarquía de prioridades en la gestión de las pérdidas y el desperdicio alimentario establecida en esta disposición.